En este trabajo, nos proponemos analizar la singular configuración del dispositivo de enunciación que rige las veridicciones de agentes del Fuero Penal Juvenil cordobés, en el contexto de la prisionización de niños y adolescentes (1) con posterioridad a 2011, cuando fue sancionada la ley que estableció el sistema de protección integral en la provincia (2). Construimos nuestra unidad de análisis, las prácticas significantes y la trama de relaciones en el contexto de prisión de niños, adolescentes y jóvenes (NAJs), a partir de diferentes técnicas de recolección de datos. Por un lado, comenzamos a construir el campo a través de numerosas entrevistas en profundidad a psicólogas y trabajadoras sociales del área penal juvenil de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y a psicólogas y socioeducadoras en las prisiones del Complejo Esperanza (en adelante, Complejo). Por otro lado, y en paralelo, actualmente recolectamos material documental de expedientes correspondientes a causas terminadas en el Archivo del Poder Judicial cordobés. Allí, abordamos los legajos y sus expedientes prestando singular atención a los informes psicosociales elaborados por agentes de los equipos técnicos de la SENAF en contexto de encierro y describimos las relaciones significantes que encontramos entre estos discursos y los de las decisiones judiciales. Desde el comienzo de una causa, una determinada ética policial establece las categorías de lo reprochable y otorga a la policía las reglas de procedimiento para su aplicación en un primer documento oficial. Esta es una instancia inicial, en la cual la policía construye su propia sede tópica, autohabilitante, donde referencia un sujeto delincuente e interpela al joven, por una primera clasificación jurídica, a reconocerse referenciado. Constituye, en otras palabras, la primera traducción de un hecho a la discursividad del campo judicial. En este trabajo hacemos foco en las instancias posteriores de la “cadena punitiva (policía-justicia-cárcel)” (López, Guemureman y Bouilly, 2012: 62), que transcurren en causas donde el juez penal juvenil resuelve privar al joven de su libertad. Nos interesa específicamente reconstruir las estrategias de indagación desplegadas por los y las profesionales, como interpelaciones que asignan subjetividades criminales en un singular contexto de producción, la cárcel. El discurso profesional convocado a informar de la evolución del joven comporta, en la instancia de producción, un esfuerzo por controlar las condiciones de reconocimiento. Es decir, interpelan un sujeto que, conforme a un determinado programa de control, debe reconocerse constitutivo del joven judicializado en dos instancias: en los enunciados del joven mismo y en los de la sentencia. Aquí asumimos los informes, “pruebas informativas no-vinculantes” como huellas de férreas escenas tribunalicias en las que se instauran normas de conducta y se definen modelos que instituyen al joven jurídicamente irreprochable sobre los ejes profesional/lego y adentro/afuera. (1) Acotamos el universo de referencia a las prácticas discursivas ejercidas en el contexto de prisión de jóvenes varones, y no en el del encierro de mujeres, por una razón estadística: la población de presos Complejo Esperanza asciende a más de 150 y la de presas en el CESAM varía entre 5 y 10. (2) Ley Provincial 9.944, de Promoción y Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes.